Juego ilegal
CERMI Madrid insta a la Comunidad de Madrid a actuar con urgencia y contundencia contra el juego ilegal
13/07/2015
El CERMI Comunidad de Madrid insta a la Comunidad de Madrid a que, dentro del ámbito de sus competencias, actúe con contundencia contra los entramados de juego ilegal que usan como coartada social la imagen de personas con discapacidad, pero que en realidad suponen un fraude a los consumidores y consumidoras y dañan de modo irreparable las actividades de juego genuinamente social como el de la ONCE.
CERMI Madrid denuncia la tolerancia culpable de los poderes públicos con la lacra del juego ilegal que viene actuando durante décadas al margen del ordenamiento jurídico sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz.
Ante esta generalizada inactividad de las Administraciones, CERMI Madrid recuerda el deber inexcusable de todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar penal, gubernativa y administrativamente contra las redes de juego ilegal que usan a las personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables.
En especial, el movimiento organizado de la discapacidad en la Comunidad de Madrid emplaza a las Administraciones a clausurar y desmantelar a la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID), el principal entramado de juego ilegal en España, sobre el que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadoras declarando su absoluta ilegalidad y que no obstante sigue operando a sus anchas, ante la pasividad de los poderes públicos competentes.
Para acabar con esta inacción, CERMI Comunidad de Madrid se adhiere y respalda las movilizaciones del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que ha puesto en marcha la campaña “El juego ilegal NO es un juego”, que se desarrollará con marchas, concentraciones y actos de denuncia exigiendo la actuación urgente y contundente de las Administraciones. Esta campaña trata de sensibilizar a los estamentos públicos de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre juego de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, que establece las condiciones específicas que regulan este sector, en todos los niveles.
Tolerar el mantenimiento y expansión del juego ilegal como hasta ahora no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores y consumidoras, sino que supone un daño irreparable al sector de la discapacidad al socavar el espacio social y económico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social.